La Asociación Galgos del Sur ha anunciado, a través de un comunicado público, la apertura del juicio oral contra la revista Jara y Sedal y dos de sus redactores, a raíz de una querella presentada por la asociación en 2022. Los cargos incluyen un delito continuado de calumnias con publicidad, por el que se solicita una pena de 24 meses de prisión para cada acusado, así como un delito continuado de injurias con publicidad, respecto al que se piden 14 meses de multa a razón de 20 euros diarios para cada acusado, con responsabilidad personal subsidiaria, a todo lo cual se le suman las costas.
Además, se exige una indemnización de 18.000 euros por los daños ocasionados a la Asociación y dos de sus miembros. Por todo ello, el Juzgado ha requerido a los acusados para que presten una fianza que supera los 35.000 euros.
Los hechos se remontan a octubre de 2021, cuando Jara y Sedal publicó un total de cuatro artículos en los que se congratulaban por la supuesta recuperación de una galga de caza que había sido encontrada vagando sola por una carretera de Córdoba, sin identificación mediante microchip, y que fue recogida por Galgos del Sur en sus instalaciones.
En el artículo se vertían una serie de acusaciones contra la Asociación y dos de sus miembros, en relación a la desaparición y posterior hallazgo del animal, a la intervención de la Guardia Civil, así como respecto a otra serie de supuestas actividades ilícitas en las que Jara y Sedal involucraba a Galgos del Sur. Asimismo, en los artículos se les acusaba de fomentar el odio hacia los cazadores, se hacían públicos los nombres y apellidos de los responsables de la asociación y se revelaban otra serie de circunstancias personales.
Estas publicaciones provocaron la interposición de una querella que podría costarle bastantes miles de euros a la revista, cuyas pretensiones han sido rechazadas hasta la fecha, como, por ejemplo, el recurso de apelación formulado por los ahora acusados contra el Auto que incoaba el Procedimiento Abreviado, en julio de 2023.
La Audiencia Provincial vino a desestimar dicha apelación sobre la base de que: "Nos basta la existencia de indicios y la existencia de hechos que pudieran calificarse en un tipo penal (…) resultando trascendente la afirmación de existencia entre el contenido de los atestados y lo publicado y las contradicciones respecto al contraste".
Ahora tendrá que ser el Juzgado de lo Penal el que dilucide en el juicio, cuando se señale la fecha, si los acusados pueden demostrar la veracidad de la información publicada o, al menos, el cumplimiento de su deber de diligencia informativa, ya que, desde Galgos del Sur niegan rotundamente todas las acusaciones vertidas por Jara y Sedal, y afirman que, en ningún momento, nadie de la revista les ha contactado para contrastar los hechos, ni se reflejó su versión en las publicaciones.
