El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha advertido este viernes que el cambio de criterio del Gobierno central con respecto al reparto de fondos para los proyectos estratégicos en materia de residuos es un "varapalo para las arcas municipales", que "nos hace perder 25 millones de euros".
Bellido ha recordado "el serio problema" que tienen todos los ayuntamientos con la nueva Ley estatal que ha regulado el impuesto a los vertederos y ha subrayado que por cada tonelada que se deposita en un vertedero por parte de empresas públicas o privadas que llevan la gestión de las entidades locales, "se paga un impuesto, y por ley estatal se ha obligado a los ayuntamientos a que ese impuesto se repercuta a todos y cada uno de los vecinos".
En este sentido, ha subrayado que "este impuesto es obligatorio y no opcional; lo que obliga a los ayuntamientos a aprobar una nueva tasa o incrementarla, si ya la teníamos para repercutir ese coste en los vecinos".
Bellido ha comentado que lo que se busca teóricamente con esta política en relación con el impuesto a los vertederos es que "vayamos hacia una economía circular, es decir, que se penalice al que deposita esos residuos; pero si recaudamos y penalizamos, y los que gestionamos no gestionamos luego el dinero de esa recaudación es bastante difícil que transformemos ese sistema en la economía circular", ha argumentado el presidente de la FAMP, quien por ello ha pedido un "cambio legislativo que haga que esa recaudación que se está haciendo por los ayuntamientos se quede en los consistorios". De esa manera, ha abogado "porque esa recaudación revierta en los ayuntamientos".
Bellido ha resaltado, que en la Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Pesca de la FAMP se ha acordado, por unanimidad, exigir un cambio en el modelo aprobado por el ejecutivo central, ya que toda norma debe ir acompañada de los mecanismos tanto técnicos, como económicos para poder aplicarla. Desde la FAMP vamos a elaborar una Guía para ayudar a las entidades locales andaluzas a establecer esta tasa en sus ordenanzas municipales.
