El portavoz del Grupo Municipal Socialista (GMS), Antonio Hurtado, ha anunciado a través de un mensaje de voz, que la denuncia socialista el pasado 22 de marzo por presuntas irregularidades en la adquisición de 8.000 test rápidos de Covid-19 por parte de Sadeco para la detección el virus entre los trabajadores y trabajadoras de esta empresa pública municipal "ha surgido efecto" y la Fiscalía "ha requerido información al respecto".
Hurtado ha incidido en que la denuncia por parte de su grupo en el expedienté de contratación C20/59 era porque a ese contrato se invitaron a empresas que "tenían una clara conexión entre ellas" y que, por otra parte, se habían pagado a un precio "cuatro veces superior" al que habían pagado otros ayuntamientos.
La diligencia del Ministerio Fiscal del pasado 17 de mayo sobre esta materia indica que en el informe del director del departamento económico sobre la necesidad de este contrato, que hablaba de un valor estimado de 340.000 más IVA, "no iba acompañado de motivación ni estudio económico acerca del precio del mercado del servicio objeto del contrato".
Además, en la resolución dictada para la tramitación de emergencia del contrato se indica que está justificada por un informe jurídico emitido igualmente el 17 de mayo, supuestamente incluido en el expedienté administrativo, pero que el denunciante "manifiesta no haber hallado".
El texto de la Fiscalía indica que horas antes de aprobarse el expedienté se remitieron, desde la Unidad de Compras y Contratación, tres correos electrónicos cursando la invitación para contratar a JMEDIS Suministros médicos, del Puerto de Santa Maria; SMD Servicios Médicos Deportivos, de Sevilla, y Clínica Beiman, de Córdoba.
La denuncia pone de manifiesta una "clara conexión" entre Beiman y SMD, ya que ésta última se publica en us página web como "union de clínicas Beiman, SMD". Finalmente se adjudicó el contrato a la clínica cordobesa por se las oferta más barata, con 39,50 euros por test.
La denuncia socialista indica que el precio máximo de licitación se concretó en 42,50 euros por cada test, lo que significa que superaba en 29,49 euros el precio más elevado, que por entonces fue el del Ayuntamiento de Madrid.
El contrato se formalizó el 7 de septiembre de 2020 y los pagos se llevaron a cabo a través de cuatro facturas a razón de 79.000 euros cada una de ellas.
En este sentido, la Fiscalía indica que los hechos denunciados, de acreditarse formalmente, podrían ser constitutivos d un delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal y un delito de malversación del artículo 432 del mismo código.
Por todo ello, la Fiscalía ha considerado conveniente incoar las oportunas diligencias de investigación y ha solicitado al Ayuntamiento de Córdoba que el órgano encargado de la fiscalización e intervención de la contratación pública emita un informe acerca de la legalidad de esa contratación en concreto, que se determine si hubo o no un estudio económico acerca del precio del mercado, si en el expedienté hay o no memoria jurídica y, finalmente, "si de existir una posible conexión de la empresa adjudicataria con SMD en dicha contratación, hubo concurrencia de empresas o por el contrario hubiera impedido dicho requisito".
La Fiscalía, además, ha requerido al Ayuntamiento que aporte información acerca de los contratos que hayan suscrito con la Clínica Beiman.
