La Fiscalía Provincial de Córdoba ha acordado el "archivo de las diligencias" de investigación abiertas a raíz de la denuncia presentada el pasado marzo por el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital cordobesa, Antonio Hurtado, sobre "unas supuestas irregularidades en el expediente de contratación" para "la realización de 8.000 tests rápidos de detección de Covid-19 entre los trabajadores" de la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco).
En concreto y según recoge el decreto de archivo dictado por la Fiscalía, consultado por Europa Press, "de la documentación aportada" por el Consistorio a la Fiscalía "resulta especialmente revelador el informe del secretario general del Pleno del Ayuntamiento, órgano encargado de garantizar la legalidad de todo procedimiento de contratación".
Así, en dicho informe, "se pone de manifiesto que en el procedimiento de contratación llevado acabo en relación al 'contrato para la realización de 8000 test rápidos de detección del Covid-19 entre los trabajadores de Sadeco' no se ha apreciado ni detectado ningún tipo de irregularidad o infracción legal o reglamentaria, ni tampoco la comisión de un posible ilícito penal".
Por otro lado, en la documentación entregada por el Ayuntamiento a la Fiscalía, "se aporta la memoria, cuya existencia se cuestiona en la denuncia, y en la que se basa la resolución de 31 de agosto de 2020 de aprobación de la tramitación del procedimiento de emergencia para la contratación" en cuestión.
En cuanto al "extremo relativo a si se realizó estudio económico acerca del precio de mercado del servicio objeto de contrato, se aporta a las presentes diligenias el contrato celebrado por Sadeco el día 8 de mayo de 2020, el cual, con el mismo objeto que el contrato hoy analizado, estipuló un precio de 62,5 euros por los servicios unitarios de test y toma de muestras y estudio efectivamente realizados, que sirvió de referencia para fijar el precio del contrato que hoy se denuncia, estipulandose este último en 42,5 euros".
"No obstante --prosigue el relato de la Fiscalía--, en las facturas emitidas en pago del servicio prestado por la entidad Beiman, que han sido aportadas a las presentes diligencias de investigación, se hace constar que el precio unitario por test de antígenos es de 39,50 euros".
En base a todo ello, la Fiscalía ha concluido que, en relación a la contratación de denunciada, la "empresa municipal observó y cumplimentó una tramitación muy superior al procedimiento, requisitos y formalidades mínimas exigidos" en la legislación de aplicación. Es más, tanto Sadeco, como el propio Ayuntamiento de Córdoba "actuaron con la máxima, eficacia y rapidez para intentar evitar, paliar o al menos mitigar los gravísimos efectos que para la salud pública, de los vecinos, en general, y de los empleados públicos municipales, en particular, podría acarrear la mortífera pandemia sanitaria generada a nivel mundial por el Covid-19".
Tampoco ha apreciado ni detectado la Fiscalía "ningún tipo de irregularidad o infracción legal o reglamentaria en la tramitación administrativa, ni tampoco la comisión de un posible ilícito penal, ni por parte de autoridades, ni de empleados públicos municipales, pertenecientes tanto a la entidad matriz del Ayuntamiento de Córdoba, como a la empresa municipal Sadeco, en la tramitación y ejecución del expediente referido a la contratación" denunciada.
Por todo ello, la Fiscalía Provincial de Córdoba resuelto que "procede acordar el archivo de las diligencias, de conformidad con lo establecido en el artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", haciendo saber al denunciante que "contra lá presente resolución no cabe recurso alguno, si bien en caso de disconformidad, podrá reiterar su denuncia ante la autoridad judicial".
