España es un gran productor de alimentos que cuenta con un excelente mercado en la Unión Europea, lo que contribuye a que la balanza agrícola alimentaria nos convierta en un país predominantemente exportador. Sin embargo, las limitaciones en los costos de producción en países de América Latina, África o el Sureste Asiático hacen que los alimentos importados tengan precios cada vez más competitivos, lo que pone en problemas al campo andaluz.
Ya el pasado mes de febrero se multiplicaron las protestas de los agricultores europeos ante el incremento de las regulaciones decretado por la UE para el sector agrícola. Estas regulaciones disparaban los costos en la producción para los agricultores de Europa, pero no venían acompañadas por requisitos similares para las importaciones de fuera de la UE.
Las protestas terminaron consiguiendo que la UE diera su brazo a torcer y accediera a una cierta relajación de las nuevas regulaciones, pero esta relajación solo fue parcial. Además, las regulaciones son solo una de las múltiples dificultades a las que se enfrenta el campo, que está encontrándose cada vez con más problemas para acceder a fertilizantes ricos en fósforo, y que además sufre de los efectos crecientes del cambio climático.
Los fertilizantes se encarecen cada vez más
Dejando a un lado los costos derivados de las nuevas normativas de la UE, la producción agrícola andaluza se enfrenta a otros sobrecostos derivados del mercado de los fertilizantes. Los análisis de valoración química de nuestro campo son consistentes a la hora de mostrar las carencias fosfóricas del sustrato, lo que obliga a los agricultores a importar fertilizantes ricos en fósforo para compensarlas.
El problema es que estos fertilizantes no se producen en España, sino que deben importarse desde países como Rusia o China. Los yacimientos de fósforo están repartidos de forma irregular por el globo, y España apenas dispone de ellos. En cambio, otras regiones exportadoras no necesitan estos fertilizantes porque sus cultivos se sitúan en regiones ricas en fósforo, lo que reduce de forma drástica sus costos.
La mano de obra en España
Otro problema es la diferencia salarial entre los países tropicales y España. Mientras que España cuenta con leyes laborales estrictas y un salario mínimo superior a los 1100 €, en países africanos o asiáticos muchos agricultores subsisten con salarios inferiores a 100 € por mes, lo que permite abaratar de forma considerable la producción alimentaria. La solución debería pasar por subir esos salarios, pero desde España no tenemos potestad para hacerlo.
Mientras los marcos legales de estos países exportadores permitan la explotación de personas trabajando el campo a cambio de una miseria, los precios de sus productos seguirán siendo mucho más bajos que los españoles. Por eso los agricultores andaluces insisten tanto en el establecimiento de mayores aranceles y límites a las importaciones, ya que de otro modo la producción española sería inviable.
Los efectos desiguales del cambio climático
A todo esto hay que añadir el impacto cada vez mayor del calentamiento global en España. La mayoría de los análisis sugieren que España será uno de los países más afectados por el cambio climático, con severos aumentos de la temperatura promedio, veranos más largos, y extensos periodos de sequía. Todo esto castiga aún más a nuestras producciones agrícolas, que verán reducida la calidad y el volumen de sus cosechas año tras año.
Otros países, en cambio, son más resistentes ante los efectos del cambio climático, o incluso se ven beneficiados con un aumento de las lluvias. Ante la imposibilidad de trasladar el campo andaluz a los trópicos, la alternativa pasa por una mayor inversión en invernaderos, desaladoras o incluso sistemas hidropónicos, lo que por supuesto tiene un coste que luego se traslada al precio de los alimentos.
En este aspecto resulta muy relevante la inversión en energías renovables por parte de los agricultores andaluces. La instalación de paneles solares en las granjas permite crear áreas de sombra sobre los cultivos para reducir el impacto de las altas temperaturas, y, además, contribuye a la obtención de energía eléctrica gratuita. Esto abarata los costos de producción y reduce las emisiones CO2, lo que a su vez amortigua los efectos del calentamiento global.
