En 2023, Córdoba registró 32 alertas por calor. El aumento de los episodios de calor extremo llevó a la aprobación del Real Decreto Ley 4/2023 de 11 de mayo, que establece medidas de protección de los trabajadores frente a fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor. Este decreto es un paso hacia la adaptación del trabajo al cambio climático, pero hay que seguir avanzando porque el calor mata.
Ya es indiscutible que la crisis climática aumenta el riesgo de lesiones, enfermedades y muerte de las personas trabajadoras debido al estrés térmico, los fenómenos meteorológicos extremos, la exposición a productos químicos peligrosos, la contaminación atmosférica y las enfermedades infecciosas, entre otros. Así lo recoge la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que el año pasado advertía que "numerosos efectos sobre la salud de los trabajadores se han relacionado con el cambio climático, incluyendo lesiones, cáncer, enfermedades cardiovasculares, afecciones respiratorias y efectos sobre su salud psicosocial".
Por ello, la adaptación de las políticas públicas al cambio climático es una prioridad que CCOO ha asumido desde hace años. Contamos con herramientas para prevenir los efectos del cambio climático en las empresas, empezando por la prevención de riesgos laborales, pero también debemos hacer hincapié en la negociación colectiva. Los convenios colectivos pueden ser un recursos especialmente útil en este ámbito ya que permite la inclusión de cláusulas con medidas preventivas específicas adaptadas al calor. La mejora de la prevención, la adaptación de la jornada y el calendario laboral, la extensión del teletrabajo, el establecimiento de protocolos de actuación ante situaciones de estrés térmico, son medidas que pueden evitar la siniestralidad laboral ligada a los efectos del cambio climático.
Para CCOO, los efectos del cambio climático sobre el mundo laboral es una cuestión que debe formar parte del debate en la mesa de diálogo social sobre salud y seguridad en el trabajo abierta en la actualidad, entre el Gobierno, las patronales y los sindicatos. En este sentido, CCOO se marca tres objetivos fundamentales: Reforzar la calidad de la gestión de la prevención en las empresas; acabar con el subregistro de enfermedades profesionales, empezando por el cáncer laboral y reforzar el marco normativo para la prevención efectiva de los riesgos psicosociales, empezando por incluir de forma expresa la obligatoriedad de hacer las evaluaciones de riesgos o por incluir los desórdenes mentales en el cuadro de enfermedades profesionales y continuando por impulsar, en las instituciones europeas, la aprobación de una Directiva de riesgos psicosociales que mejore la salud mental y cardiovascular de las personas trabajadoras.
Junto a lo anterior, CCOO reclama la creación de la figura del Delegado Territorial de Prevención para atender a las empresas que no cuentan con delegado de prevención y también propone revisar la normativa en profundidad para integrar la perspectiva de género y eliminar las desigualdades, incorporándola como uno de los principios de acción preventiva establecidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y feminizando el cuadro de enfermedades profesionales, añadiendo actividades feminizadas para patologías ya incluidas e incorporando patologías prevalentes en actividades con alta ocupación femenina.
Y todas estas reformas legales se deben acompañar con un impulso de las políticas públicas activas en materia de prevención y un aumento de los recursos económicos y humanos destinados a ellas, empezando por aumentar la plantilla de la Inspección de Trabajo y la creación de juzgados especializados en seguridad y salud en el trabajo y el impulso a la Fiscalía especializada.
