Con la única abstención de Hacemos Córdoba, el Pleno ordinario de mayo ha sacado adelante el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Córdoba correspondiente al periodo 2024-2029 y que, como ha informado el presidente de Vimcorsa, Miguel Ángel Torrico (PP), supondría la puesta en marcha de 2.144 nuevas viviendas, de las que 700 corresponden a esta empresa municipal, con una inversión global de unos 309 millones de euros, de los que 82 procederán del Ayuntamiento.
Un plan que, en palabras de Torrico, viene de 2022, con un análisis y diagnóstico concreto de la situación de la vivienda en la capital, 16 líneas de actuación en materia de ayudas al alquiler, inspección técnica de edificios (ITE), colocación de ascensores, el fomento de creación de cooperativas de viviendas, defensa de arrendatarios en situación vulnerable, obras de emergencia, la erradicación de chabolas e infravivienda, ayudas para la regeneración de viviendas o la puesta en carga de viviendas vacías, que han pasado del 11,5% (17.600 de 154.000) al 8% actual.
No obstante, el concejal responsable ha indicado que se trata de un plan "revisable y vivo" y que antes de su aprobación final y definitiva se escucharán a los demás grupos municipales y colectivos sociales para incluir las mejoras que sean convenientes.
Precisamente, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha insistido en ese punto para "rematar matices", al tiempo que el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha lamentado que hasta la fecha el proceso no ha sido precisamente participativo y se trata de un plan que tiene "mucho que mejorar".
También el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado ha avanzado que su grupo aportará un documento con "mejoras sustanciales", tales como un aumento del parque público de viviendas en régimen de alquiler haciendo uso de un proyecto estatal que implicaría la financiación del 60% del gasto que tenga que realizar el Ayuntamiento, de modo que los alquileres bno sobrepasen de 400 euros, la declaración de la capital como zona pensionada en el mercado de alquileres (cuestión a la que se ha negado Torrico), retomar la Oficina de la Vivienda, hacer uso de las 100 viviendas de la Sareb para no tener que pagar más de 350 euros mensuales o limitar las licencias de viviendas turísticas, de las que ahora mismo hay 343 legalizadas, "cifra que habría que multiplicar con las ilegales".
Previamente al debate, el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, ha tomado la palabra para puntualizar algunas cuestiones sobre el plan, tales como que realmente cuente con un "recorrido participativo suficiente" antes de su aprobación final, que se tenga en cuenta en el PGOM que "ya no hace falta a días de hoy más viviendas con el actual crecimiento demográfico", o que zonas como la periferia, el Casco Histórico espacios donde el parque d viviendas sea superior a 50 o 60 años de antigüedad (Ciudad Jardín, Fuensanta o Sector Sur) cuentan con planes específicos sobre su situación particular.
También ha alertado sobre proyectos de viviendas con idea de ocupar suelo destinad a equipamiento, como es el caso de Fátima, mientras que ha alertado que la cifra económica prevista por el Ayuntamiento para hacer frente a las ITE es "muy corta". En este último punto, el presidente de Vimcorsa ha señalado que lo tendrá en cuenta.
