De igual modo, considera que el marco de negociación abierto con la Delegación de Hacienda, que lidera Blanca Torrent (PP), "debería tener un cauce estable" y que la aceptación o no de las propuestas "tenga un base técnica y legal".
Para el CMC, el debate sobre la subida de tasas e impuestos queda cada vez más relativizada en el expediente de ordenanzas fiscales al haberse sacado del mismo los precios de Sadeco o Emacsa, sumándose a los ya clásicos: Precios de Aucorsa, Gran Teatro y otros entes municipales.
"Esto está desvirtuando cuál es al final la presión fiscal que soporta el vecindario de nuestra ciudad y cómo se distribuye. Habría que realizar un debate sobre las últimas subidas de Sadeco y Emacsa a la par que se fijan el resto de tasas e impuestos municipales para ver si sería necesaria una compensación de unos conceptos por otros", apunta la nota.
Igualmente, ve que las rebajas de dos tasas y tres impuestos son "de reducida repercusión" en la vida cotidiana de la clase media y popular cordobesa en comparación con lo que "les va a afectar la subida del precio por recogida de basura y por abastecimiento y saneamiento de agua".
Por ello, les parece "poco acertado" que los beneficios fiscales que se incluyen sobre el Casco Histórico se apliquen a todo tipo de actividad, proponiendo que queden fuera las actividades hosteleras y turísticas que ya desbordan en esa zona de la ciudad. Con ello se ayudaría a reimplantar el pequeño y mediano comercio, la instalación de equipamientos públicos y privados, o la rehabilitación y construcción de viviendas no turísticas, en esta zona que corre riesgo de despoblación y gentrificación.
Paralelamente, echan en falta penalizaciones en impuestos y tasas para la apertura de establecimientos turísticos en el Casco, "al estar ya colmatado de este tipo de actividad económica y en especial, para la apertura de viviendas turísticas".
Además, mantienen que las bonificaciones a familias numerosas deberían cambiarse, o ampliarse, por aquéllas con unos bajos ingresos en relación al número de componentes. En este sentido, tiene iguales o más dificultades una familia monoparental que una familia numerosa, por lo que corresponde plantear un límite a los ingresos según los miembros de la familia.
Los beneficios fiscales para la eliminación de barreras arquitectónicas y para la utilización de energías renovables y respeto al medio ambiente, deben autorizarse a toda vivienda o edificio que pague IBI urbano, "independiente de que cuente con licencia de primera ocupación o no", estiman. Para ello, valdría con un informe de que la construcción tiene condiciones de habitabilidad. Y es que si se le hace pagar el IBI urbano sin tener la citada licencia, se le debe permitir acceder a los beneficios fiscales que acompañan a dicho impuesto.
Plantea el CMC en su nota rebajar el orden fiscal para las calles derivadas de ordenación abierta (zonas privadas de uso público), y que no se puedan acoger al convenio propuesto por el ayuntamiento. Porque, al no recibir todos los servicios municipales, se ven obligados a pagar los servicios no prestados, produciéndose un doble coste en limpieza, mantenimiento de acerados y zonas verdes. Todas sobrepasan los 50 años y los costes de mantenimiento de las zonas se multiplican, recuerda.
Otra demanda es que las actividades sin ánimo de lucro que incluyan una pequeña barra o similar como forma de sufragar los gastos de la misma, no tengan que pagar por su instalación, siempre y cuando estén dentro de la programación municipal aprobada o cuente con el apoyo municipal como actividad de interés social y ciudadano.
Igualmente estima que la cesión de uso de material municipal no debe estar sometida a tasa ninguna (aunque sí a fianza) cuando la entidad se encargue de su transporte, instalación, y desmontaje; que la instalación de veladores (mesas, sillas o parasoles) debe limitarse al mínimo necesario, por lo que se debe hacer progresiva la tasa. A partir de una ocupación de 100 metros cuadrados, se debería incrementar el metro cuadrado un 25% cada 25 metros cuadrados más, y así sucesivamente.
Además,que se reduzca la tasa por recogida de residuos a los locales de asociaciones sin ánimo de lucro para contribuir a su sostenimiento, siempre que dentro no se desarrolle ninguna actividad lucrativa. Hacerlo extensivo a los precios de Emacsa.
En cuanto a la aplicación de la nueva ley urbanística (LISTA) el CMC plantea proponer al Catastro (del que el Ayuntamiento es entidad colaboradora) que los suelos y viviendas calificados como rústicos, sin que hayan aprobado su plan parcial, su plan especial o su proyecto de urbanización, pasen de calificación como IBI Urbano a IBI rústico. EL IBI Urbano debe representar que se tiene acceso a todos los servicios públicos o se convierte en una imposición injustificada.
Pide reducir el coste de los AFOs (fuera de ordenación) a solicitud del interesado para el caso de los que se desarrollen como consecuencia de la aplicación de un Plan Especial de adecuación ambiental. Esto afecta a la tasa 100, que para estos casos pasarían del 1´5% al 0,5% del presupuesto modular de ejecución material. Paralelamente, para todo tipo de AFOs permitir el pago de la tasa en dos partes: un 25% al presentar la solicitud inicial, y un 75% antes de su aprobación definitiva y para poder recoger la certificación administrativa de AFO.
Sobre las tasas por actuaciones urbanísticas, tales como planes especiales de adecuación ambiental o proyectos de obras ordinarios para dotación de servicios básicos, derivados de los artículos 175 y 176 de la LISTA, en caso de considerarse necesario su abono, que, al menos, se permita el pago de la tasa en dos partes: Un 25% al presentar la solicitud inicial, y un 75% para acceder a la aprobación definitiva y poder retirar la certificación administrativa correspondiente.
